Denuncia que la Diputación aplaza el debate sobre la moción para pedir una moratoria.

La Ley de Pesca «perjudica gravemente el turismo, el empleo y los negocios de la provincia vinculados al sector». Así lo estima el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Luis Rodríguez Aller, quien criticó que el equipo de Gobierno del PP «no considere prioritaria» la revisión de la Ley al no incluir el debate de la moción presentada por los socialistas en el Pleno que se celebra hoy. La iniciativa del PSOE pretende recabar el apoyo de la institución provincial para reclamar una moratoria de la aplicación de una ley que «está provocando que miles de aficionados leoneses estén teniendo que salir de la provincia a otras comunidades para practicar esta actividad».

«Hay que tener en cuenta que León suma más de 40.000 licencias de pesca de las 180.000 de toda la comundiad y que la provincia cuenta con más de 3.000 kilómetros trucheros de reconocimiento internacional», descata Rodríguez Aller para quien la normativa «cuenta con un fuerte rechazo social, muy especialmente en el medio rural, ya que los pescadores tradicionales son los más afectados al no poder practicar la actividad en los tramos libres de los ríos de sus pueblos». Así se recoge en el texto de la moción presentada por el PSOE, que fue registrada el pasado 22 de abril. El portavoz socialista lamenta que la moción no se debata de forma urgente y exigió a la Junta que aplace «de forma inmediata la aplicación de la normativa» que entró en vigor el pasado día 6.

Periodo de adaptación

A juicio de Rodríguez Aller, la moratoria se debería aplicar «durante el periodo necesario para que se adapte a la realidad de la pesca y de los ríos de León», según señala en un comunicado en el que considera que se trata de un asunto «de especial relevancia para León, en el que todos los grupos políticos representados en el Palacio de los Guzmanes debíamos unirnos por el bien de la provincia». Sin embargo, según denuncia, «el PP pone sus intereses partidistas por delante de sus intereses generales».

La moción recalca que la ely «no afecta a los cotos de pesca donde, previo pago, se permite pescar cuatro truchas por pescador y día». Una cuestión, denuncia, «que pone en evidencia el claro afán recaudatorio de la normativa de la Junta».

La ley salió también ayer a colación en el Pleno de las Cortes, a través de una pregunta parlamentaria del procurador leonesista Alejandro Valderas, quien pidió a la Junta dos moratorias en la aplicación, en primer lugar, de la Ley de Pesca y, en segundo, del Plan de Residuos en ambos casos para buscar un mayor consenso entre los afectados y para facilitar la elaboración de la normativa que llevan aparejadas. Valderas considera que una aplazamiento en la aplicación de dos años «es el tiempo mínimo imprescindible para buscar un consenso con el sector y que se aprueben una serie de normas que le afectan seriamente y con las que debe coordinarse nuestra normativa de pesca».

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, criticó que Valderas pida ahora una moratoria para ambas normativas que «se acaban de aprobar» y que están adaptadas a la realidad.